Casus Belli IV (2023), 123-149
Recibido: 30/06/2023 - Aceptado: 24/08/2023
Roy Norman Harvey
Universidad Nacional de la Defensa
Resumen: La crisis que se inició en marzo de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido por la disputa de los archipiélagos del Atlántico Sur se convirtió en una guerra a partir del 25 de abril con la toma de las Islas Georgias por las fuerzas británicas. En los primeros días de mayo se iniciaron los combates en Malvinas, destacándose dos hechos que tuvieron efectos trascendentes en el orden político y también en el táctico. Estos fueron el hundimiento del ARA General Belgrano por parte de los británicos y, dos días después, el ataque de la aviación argentina al HMS Sheffield. Estos acontecimientos se produjeron mientras se realizaban gestiones diplomáticas que buscaban el cese al fuego y el restablecimiento de las negociaciones. Ante el fracaso de la diplomacia los combates continuaron y el conflicto se resolvió con la victoria militar británica el día 14 de junio. Sin embargo, existieron oportunidades para que el gobierno argentino alcanzara el objetivo político que se había impuesto cuando decidió ocupar las Islas. Creemos que el éxito del ataque al HMS Sheffield fue la llave para acceder al escenario más favorable para el logro de ese objetivo. El presente trabajo buscará explicar, por qué esta operación militar dejó a la Argentina en la posición más ventajosa para alcanzar su objetivo político, que no era el enfrentamiento armado, sino obligar al Reino Unido a retomar las negociaciones en mejores condiciones y llamar la atención de la comunidad y de los organismos internacionales.
Palabras clave: guerra de Malvinas, Sheffield, Belaunde-Haig, objetivo político, gestión de paz.
Abstract: The crisis that began in March 1982 between Argentina and the United Kingdom over the dispute over the South Atlantic archipelagos became a war on April 25 with the seizure of the Georgia Islands by British forces. In the first days of May, fighting began in the Malvinas, highlighting two events that had transcendent effects on the political order and on the tactical order. These were the sinking of the ARA General Belgrano by the British and two days later the attack by Argentine aircraft on HMS Sheffield. These events occurred while diplomatic efforts were being made to seek a ceasefire and the reestablishment of negotiations. Given the failure of diplomacy, the fighting continued, and the conflict was resolved with the British military victory on June 14. However, there were opportunities for the Argentine government to achieve the political objective it had set for itself when it decided to occupy the Islands. We believe that the success of the attack on Sheffield was the key to accessing the most favorable scenario for achieving that objective. The present work will seek to explain why this military operation left Argentina in the most advantageous position to achieve its political objective, which was not armed confrontation, but rather to force the United Kingdom to resume negotiations under better conditions and draw the attention of the community and international organizations.
Keywords: Falklands War, Sheffield, Belaunde-Haig, political objective, peace management.
Un relevamiento de las fuentes argentinas sobre el conflicto armado que en el año 1982 protagonizaron Argentina y Gran Bretaña nos permite determinar que existe un limitado número de obras que analizan de manera profunda esa contienda, incluyendo los factores que incidieron en su estallido, y la relación entre las acciones políticas y diplomáticas con las operaciones militares. El grueso de la producción bibliográfica, lejos de reparar en esas cuestiones, se concentra en aspectos específicos de los combates, y de los reclamos sobre los territorios en disputa que presentaron ambas partes. La bibliografía británica hace aportes de significación con las memorias de Margaret Thatcher y del comandante de la flota, almirante Sandy Woodward, pero aún mantienen documentación clasificada relacionada con el conflicto. Sin embargo, están a disposición los archivos históricos del gobierno de EE. UU., que se han hecho públicos casi en su totalidad y constituyen fuentes muy valiosas. Nuestra investigación está enmarcada en la relación entre la política y la estrategia militar buscando determinar que el ataque exitoso al HMS Sheffield con un misil Exocet[1] configuró la situación más favorable para la consecución del objetivo político del gobierno argentino en el conflicto por las Islas Malvinas. Para su análisis nos apoyaremos en el pensamiento de Clausewitz (2014) y en las ideas y conceptos recopilados por la cátedra de estrategia de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino (ESG, 1992), complementada con los escritos del alemán Ulrich de Maiziere (1979).
El general alemán Ulrich de Maiziere, quien fuera comandante de la OTAN en los años de la Guerra Fría, afirmaba que las fuerzas armadas pueden utilizarse mediante actividades limitadas (que parten de su mera existencia y despliegue) para poner de relieve determinados proyectos políticos o bien para imponerlos, aunque para ello se quebranten provisionalmente las normas del Derecho internacional. Consideraba como muy válido, por debajo del umbral de la guerra, el empleo del poder militar como medio de intervención cuando los intentos previos para alcanzar un determinado objetivo político no han sido alcanzados (De Maizere,1979). Este pensamiento justificaba de alguna manera la decisión del gobierno argentino. Sus principales responsables consideraban que la alternativa militar resultaba apta para el objetivo político perseguido, ya que, una vez materializada la ocupación de las Islas, se lograría hacer visible el conflicto ante la comunidad internacional, y produciría una situación que le permitiría negociar desde una posición más ventajosa. A partir de esas negociaciones se buscaría obtener la soberanía como objetivo político final. El gobierno argentino estimaba que la operación militar de recuperación de Malvinas sería relativamente sencilla dada la reducida guarnición británica existente en las Islas. Una vez ejecutada lograrían disuadir a Gran Bretaña de cualquier intento de recuperación de los territorios ocupados, ya que, al perder todo sostén en la zona, el esfuerzo de una expedición militar desde la metrópoli exigiría en forma extrema sus propias capacidades, los costos serían injustificables y estaría obligada a retomar las negociaciones. El concepto estratégico para el éxito de la ocupación de las Islas Malvinas se basaba en dos supuestos: que Gran Bretaña no respondería militarmente y que la operación consumada contaría con el apoyo o al menos con la neutralidad de los EE. UU. El primer supuesto surge del análisis que hizo la Junta militar sobre la posible reacción británica, apreciando que, a partir de 1945, Gran Bretaña había preferido siempre la negociación al enfrentamiento. Además, entre 1945 y 1982, el Reino Unido había realizado grandes cambios en su esfera doméstica y política internacional para adaptarse a la nueva realidad de la posguerra mundial. El país, que fuera una potencia hegemónica en el concierto europeo y uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se vio obligado a redefinir su esquema de Defensa tras la desintegración de su imperio, la consolidación de la Guerra Fría y la fragilidad de su economía. Estos factores obligaron a Gran Bretaña a orientar su planeamiento de Defensa hacia su contribución a la Alianza Atlántica y a reducir las capacidades de sus fuerzas armadas. Entre la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Malvinas se produjeron cuatro revisiones de la política de Defensa realizadas en 1957, 1966/1968, 1975/1976 y 1981. Cada una de estas revisiones, condicionadas por la evolución económica, política y estratégica británica, pretendía cerrar la brecha que se iba generando entre los objetivos de la Defensa nacional y los recursos para alcanzarlos (Colom Piella,, 2014). La última campaña militar británica anterior a la guerra de Malvinas había sido la operación que pretendía evitar la nacionalización del Canal de Suez en 1956, y que terminó con un alto el fuego impuesto por Estados Unidos. El fracaso de Suez había demostrado que el esquema de Defensa británica de la posguerra mundial era obsoleto, insostenible e incapaz de satisfacer sus antiguas ambiciones imperiales. Los británicos también concluyeron que, para poder mantener su posición global, se requería estrechar las relaciones con Estados Unidos (Colom Piella, 2014). A partir de entonces, el Reino Unido se vio obligado a redefinir su posición en el mundo y a reducir paulatinamente su nivel de pretensiones para adecuarlo a su realidad política, estratégica y económica. Luego de los hechos del canal de Suez, en 1957, se llevó a cabo un profundo replanteamiento de la Defensa británica mediante el fortalecimiento de sus relaciones con Washington, la consolidación de la estrategia nuclear y la orientación militar hacia la OTAN. Entre 1966 y 1968 la crisis económica obligó a adoptar medidas que terminaron definitivamente con sus anhelos imperiales, debilitaron su capacidad de influencia y terminaron con su autonomía estratégica como potencia mundial. Esta tendencia a reducir el presupuesto militar continuó en la década de 1970. Coincidiendo con la invasión soviética de Afganistán y el enfriamiento de las relaciones entre los bloques, Margaret Thatcher y el presidente Ronald Reagan intentaron aplicar una serie de iniciativas para contener a la Unión Soviética. Para eso el presupuesto de Defensa británico aumentó de un 4% a un 6% del PBI en el bienio 1980-1982, con la finalidad de modernizar su arsenal nuclear. Sin embargo, la recesión económica obligó a elaborar una nueva revisión de la política de Defensa británica. Esta revisión priorizaba , de todos modos, el valor del arsenal nuclear estratégico del Reino Unido como garantía última de su integridad territorial. Determinaba que el país no podía conducir ninguna operación expedicionaria de manera independiente, y manifestaba que el planeamiento se orientaría exclusivamente hacia la Alianza Atlántica, pero que, por motivos económicos y estratégicos, esta contribución se concentraría en la provisión de fuerzas terrestres. Estas decisiones supondrían la reconversión de la Armada en una fuerza litoral sin capacidad de proyección y la pérdida total de la capacidad del país para actuar fuera del área euroatlántica. Esta decisión implicaba la baja de doce buques de escolta (destructores/fragatas), dos buques anfibios, la venta del portaaviones HMS Invencible a Australia, la reconversión de los dos portaaviones restantes en portahelicópteros y la cancelación de la compra de nuevos destructores (Colom Piella, 2014). Además de los recortes en el presupuesto de Defensa, el gobierno británico también tomó algunas decisiones que se convirtieron en señales contradictorias o fáciles de ser malinterpretadas por parte de los argentinos. Una de ellas fue la decisión del gobierno de modificar, a principios de 1968, la Ley de Inmigrantes del Commonwealth de 1962. Ante la presión inmigratoria producida por el proceso de descolonización, Gran Bretaña dictó una nueva ley que disponía que no podía emigrar a Gran Bretaña quien no fuera oriundo de ella, o que no tuviera padre, madre o por lo menos un abuelo nacido en ella. El efecto de esta ley fue que, en 1970, sólo la mitad de los isleños cumplían con estos requisitos (Cisneros-Escude, y otros, 1999). Otra señal fue la actitud de Gran Bretaña de no haber juzgado a los argentinos que habían secuestrado un avión comercial y aterrizado ilegalmente en Port Stanley en 1966, ocurriendo lo mismo en hechos similares que sucedieron posteriormente. Quienes cometieron estos actos, fueron puestos a disposición de la justicia argentina por las autoridades británicas. Este hecho podría haber sido interpretado como un reconocimiento de que los delitos se habían cometido en territorio argentino. En enero de 1978, el Reino Unido presentó una protesta formal en la que denunciaba el establecimiento de una base científica de la Armada Argentina como una violación a la soberanía británica en las Islas Sandwich del Sur. Como la protesta británica no fue acompañada de un ultimátum fue interpretada por los argentinos como una muestra de lo endeble que era su voluntad política de hacer valer sus derechos sobre los territorios en disputa. El conflicto más cercano al de Malvinas que había tenido Gran Bretaña hasta ese momento, con relación a sus territorios coloniales, había sido la guerra civil en Rhodesia. El imperio británico en África se había desintegrado rápidamente después del fracaso de Suez, dejando nuevos Estados independientes como Ghana (1957), Nigeria (1960), Sierra Leona y Tanganica (1961), Uganda (1962), Kenia y Zanzíbar (1963), Gambia (1965), Botsuana y Lesoto (1965), Mauricio (1968), Suazilandia (1968) y Seychelles (1976) (United Nations. Decolonization, 2021). Lord Carrington, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno conservador de Margaret Thatcher, fue quien se encargó de darle una solución pacífica al conflicto de Rhodesia, después de 14 semanas de negociaciones. Este hecho fue considerado por el gobierno argentino como un serio revés para el prestigio británico, pero que aun así, el gobierno conservador había preferido la negociación. Todos estos antecedentes convencieron al gobierno argentino de que Gran Bretaña no respondería militarmente.
Existieron aspectos que no fueron considerados por el gobierno argentino previo a decidir la ocupación de Malvinas. Fue ingenuo por parte de la Junta Militar creer que el gobierno conservador no reaccionaría ante la pérdida de un territorio de ultramar. Margaret Thatcher no tenía otra opción que dar la orden de zarpar a la flota con la promesa de recuperar los territorios y dejar a salvo el honor británico, porque si no hubiese tenido que renunciar. También tenía que demostrar que no se trataba de una expedición para restaurar un enclave colonial sino para liberar a súbditos británicos de una tiranía. Para ello debía negar la legitimidad del reclamo soberano argentino y de sus acciones, sobre la base de la ilegitimidad de su gobierno. Sostenía que no era posible negociar con una dictadura comparando la situación con la lucha contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Justificaba esta postura haciendo referencia a las consecuencias que tuvo la política de apaciguamiento empleada en la Conferencia de Múnich de 1938, en la cual, el primer ministro conservador Neville Chamberlain aceptó las garantías ofrecidas por Hitler para mantener el equilibrio europeo, sacrificando a Checoslovaquia a las ambiciones alemanas. Chamberlain consideraba que de esa forma había evitado un conflicto armado con la Alemania nazi declarando que los acuerdos firmados constituían la paz para nuestros tiempos. La primer ministro aludía a Winston Churchill quien, en su discurso del 5 de octubre de 1938 en el Parlamento, afirmó que no se conseguiría una paz duradera negociando con dictadores (Churchill, 1952). Thatcher declaraba que: “Por encima de todo, las democracias deben mostrar su superioridad frente a los gobiernos totalitarios, que no conocen ley alguna” (Thatcher, 1993, p. 180). Esta postura le permitió conseguir apoyo doméstico y de los principales países europeos.
Otro aspecto no considerado, el más significativo, era que Gran Bretaña no podía decidir emplear su poder militar sin contar con la aprobación de EE. UU. Como ya señalamos, la última operación militar británica independiente había sido su intervención en la crisis del canal de Suez en 1956. El presidente Dwight Eisenhower, que consideraba que esa operación perjudicaba los intereses de EE. UU. a nivel global, había advertido enérgicamente a Gran Bretaña que no invadiera, amenazando con dañar gravemente su sistema financiero. Lo que había sido una victoria militar británica se transformó en una derrota política provocando la caída de gobierno conservador de Anthony Eden. Algunos historiadores concluyen que la crisis de Suez significó el final del papel de Gran Bretaña como una de las principales potencias del mundo (Ellis, et. al., 2009). Quedaba claro que solo EE. UU. podía obligar a Gran Bretaña a cumplir un acuerdo. Más aun cuando EE. UU. declaró su apoyo al Reino Unido, pasó de ser neutral en el conflicto a ser parte interesada. Por este motivo, Gran Bretaña no podía tomar decisiones por su cuenta sin consultar a su socio. Sin embargo, las decisiones del gobierno argentino siempre estuvieron condicionadas por el sentimiento antiyanqui y por la creencia de que EE. UU. defendía los intereses del Reino Unido por sus lazos de sangre, idioma y por ser su principal aliado. En sus memorias Costa Méndez reconoce que “EE. UU. era el único mediador posible” (Costa Méndez, 1993, p. 210).
El objetivo político no estaba claramente definido, pero se deduce de las declaraciones del entonces presidente Leopoldo Galtieri y del excanciller Nicanor Costa Méndez. En su testimonio ante la Comisión Rattenbach[2], Galtieri expresó que “la intención última de la ocupación era negociar” (Informe Rattenbach, 1983, P. 163). Por su parte Costa Méndez describió la ocupación de las Islas Malvinas como “un acto para desencadenar la internacionalización del conflicto, o como un instrumento para acelerar los procesos diplomáticos” (Costa Méndez, 1993,p. 169). Se puede afirmar entonces que la operación de recuperación de la Islas Malvinas debía constituir un hecho político, antes que militar, de manera que, a través de una crisis y no de una guerra, se impusieran negociaciones para lograr la soberanía como objetivo final. Sin embargo, a fines de abril la realidad era otra: Gran Bretaña contaba con el apoyo declarado de EE. UU. y de las principales potencias de Occidente, y su flota ya estaba en la zona de Malvinas en condiciones de iniciar operaciones militares. Con este escenario el gobierno argentino debía tomar decisiones que le permitiesen sortear esta difícil situación. Retirar las tropas, cumpliendo la exigencia de la resolución 502 del Consejo de seguridad de la ONU, hubiese sido humillante debido a que el presidente Galtieri había prometido que en el caso de una respuesta militar británica se “presentaría batalla” (Archivo Prisma AV-5348. Cadena nacional: discurso de Galtieri en Plaza de Mayo), por lo que no intentar la defensa de los territorios recuperados no hubiese sido aceptado por la sociedad argentina. ¿Era posible desde una posición de inferioridad desde el punto de vista militar, alcanzar el objetivo político apostando a defender los territorios en disputa? Probablemente el objetivo político podría haberse alcanzado sin violar el Derecho internacional si Galtieri hubiese aceptado la propuesta de Reagan de reiniciar las negociaciones con Gran Bretaña con el patrocinio de EE. UU. si suspendía la operación de ocupación de las Islas. Sin embargo, esta posición hubiese sido admitir la prevalencia de la política sobre lo militar. Este concepto se oponía al pensamiento alemán de principios del siglo XX en cuanto al rechazo a la política, invirtiendo la formula clausewitziana del control gubernamental sobre lo militar para definir los objetivos de la guerra. Este pensamiento tenía gran influencia en la formación de los oficiales argentinos que destacaba las ventajas de subsumir en una única persona la dirección política y militar de la guerra (Cornut, 2018). Al no haberse considerado la reacción británica, la defensa de las Islas no tenía significación en el plan de ocupación del gobierno argentino. A partir del 7 de abril, con la designación de un gobernador militar, se observó un cambio en la forma de instrumentar la búsqueda del objetivo político. Del plan inicial de ocupar para retomar las negociaciones, que incluía el retiro de las tropas, se pasó a la decisión de defender las Islas y no cederlas hasta lograr el reconocimiento de la soberanía.
A comienzos de la década de 1980, en el marco de la Guerra Fría, existía una gran incertidumbre en Occidente, porque el papel de EE. UU. como el país más rico y poderoso de la Tierra había empezado a declinar después de la retirada de Vietnam. La URSS, que ya había conseguido alterar el equilibrio del poder militar convencional y nuclear en Europa, buscó aprovechar esta situación para extender su influencia a nivel mundial. Como consecuencia de esta política, a comienzos de 1982 existían distintos conflictos en que los soviéticos participaban de forma directa o indirecta. En el Líbano se desarrollaba una guerra civil en la que las distintas facciones eran apoyadas, no solo por los soviéticos, sino por otras potencias vecinas como Siria e Israel. Irán se encontraba en guerra con su vecino Irak amenazando la producción mundial de petróleo. El ejército soviético había ocupado Afganistán, Etiopía y Yemen, y había tropas cubanas en Congo, Angola y Etiopía. Libia, aliado de la URSS, amenazaba con invadir Chad y Sudan. Cuba también propiciaba y sostenía la insurrección en América Central, y en general los soviéticos apoyaban las guerras de liberación nacional de las antiguas colonias con la finalidad de instalar gobiernos marxistas. Al mismo tiempo la URSS amenazaba con intervenir en Polonia con la intención de eliminar al movimiento Solidaridad.[3] En este contexto tanto Gran Bretaña como la Argentina se habían convertido en aliados imprescindibles de EE. UU. La llegada al poder de Ronald Reagan fortaleció los tradicionales lazos existentes entre los gobiernos conservadores británicos y los republicanos americanos. Coincidían ideológicamente y en la concepción estratégica, fundamentalmente en cuanto al pensamiento económico y en la necesidad de contener el expansionismo soviético. Esta afinidad se tradujo en el apoyo irrestricto e incondicional de Gran Bretaña a EE. UU. para la instalación de nuevos misiles nucleares en territorio británico. Reagan también había concebido un vasto plan para contrarrestar la penetración soviético-cubana en Centroamérica. La clave de este plan era el acuerdo con la Junta Militar argentina, cuya cabeza visible era el presidente Galtieri, quien había enviado asesores militares y equipamiento para apoyar a los Contras.[4] A fines de 1981, después de 17 años, las negociaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña relacionadas con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, se hallaban en un virtual punto muerto (United Nations Security Council Official Records. 2335th Meeting 1982).
La intención del gobierno argentino era ocupar militarmente las Islas con una operación incruenta. En las primeras horas del día 2 de abril fuerzas militares argentinas desembarcaron en Port Stanley,[5] consolidando la ocupación con la toma de los principales objetivos de la ciudad. Rápidamente se tomó el control de todo el archipiélago y al día siguiente también las Islas Georgias fueron ocupadas por fuerzas argentinas tras una breve resistencia por parte de la guarnición británica. En ninguna de las dos operaciones se produjeron bajas británicas (Informe Rattenbach, 1983). Tomado conocimiento del inminente desembarco, Gran Bretaña, reaccionó con rapidez solicitando la intervención de EE. UU. y desplegando una intensa acción diplomática que le permitió legalizar el uso de la fuerza para recuperar los territorios perdidos, al lograr que la ocupación de las Islas fuese considerada por el Consejo de Seguridad como un acto de agresión. También obtuvo el apoyo de sus socios de la Comunidad Económica Europea, de EE. UU. y de Japón, en la suspensión de los envíos de armas a la Argentina, y en forma parcial en la aplicación de sanciones económicas. Invocando el derecho de legítima defensa prescripto en el artículo 51 de la Carta de la ONU los británicos declararon una Zona de Exclusión Marítima, consistente en una circunferencia imaginaria de 200 millas náuticas alrededor de las Islas Malvinas. Cualquier buque de guerra o auxiliar argentino que ingresara en esa zona podía ser atacado por las fuerzas británicas lo que les permitió validar el empleo del poder militar.
En EE. UU. la ocupación de las Islas Malvinas fue calificada como una grave crisis por las consecuencias que podía tener para su política exterior. Consideraban que el conflicto involucraba la credibilidad de la Alianza occidental, la supervivencia del gobierno del principal aliado de EE. UU., el futuro de las relaciones y políticas norteamericanas en Europa y en América Latina, y la posibilidad de que la Unión Soviética ampliara su influencia a Sudamérica. Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial se había instalado en la sociedad argentina la idea de que las políticas de EE. UU. se oponían a sus intereses. El golpe de Estado de 1943 y la política de neutralidad del gobierno argentino durante la Segunda Guerra Mundial presentó ante el mundo la imagen de una Argentina hostil hacia las naciones aliadas y simpatizante de la Alemania nazi. Esta situación provocó la ruptura de relaciones con EE. UU. en junio de 1944 y con Gran Bretaña en agosto de ese año. Desde entonces el gobierno argentino instaló en la sociedad argentina un discurso nacionalista presentando a EE. UU. como una potencia imperialista que pretendía imponer su hegemonía reemplazando al viejo imperio británico. Restablecidas las relaciones este discurso fue mantenido por el gobierno argentino. Sin embargo, el presidente Juan Domingo Perón y otros funcionarios les aclaraban al embajador James Bruce[6] y a otros diplomáticos estadounidenses, que las relaciones con Washington eran de amistad y buena predisposición. Explicaban que los discursos antiyanquis y los ataques y críticas hacia EE. UU. respondían a las necesidades de la política doméstica, diseñada para “mantener el fuerte respaldo del movimiento obrero” (Bruce, 1953. P. 342).[7] Lo cierto es que el discurso antiyanqui fue mantenido vivo por distintos gobiernos posteriores a Perón y ese sentimiento perduró en el tiempo. Los motivos que tenía EE. UU. para intervenir en el conflicto del Atlántico Sur, eran el peligro potencial que representaba a nivel global en el contexto de la Guerra Fría y los problemas creados en torno a la solidaridad hemisférica, en momentos en que se buscaba impedir que se extendieran los movimientos revolucionarios de ideología marxista en Centroamérica. El conflicto afectaba la política exterior de EE. UU., por lo que necesitaba que se resolviese lo antes posible en forma pacífica. El empleo de las fuerzas británicas en una zona a 8.000 millas de distancia de sus responsabilidades en la OTAN exigía, que algún país de la Alianza ocupase ese vacío. El gobierno norteamericano apreciaba que la recuperación por la fuerza de los archipiélagos era muy difícil y que Gran Bretaña podía ser derrotada. Por esta causa, de llegarse a un conflicto armado, EE. UU. estaba obligado a apoyarla militarmente para evitar que una de las principales potencias de Occidente y miembro clave de la OTAN demostrara vulnerabilidades que pusiera en crisis a la organización. Sostenían que una derrota provocaría la caída del gobierno de Thatcher, perjudicando la cooperación británica con los EE. UU. en áreas como la planificación nuclear estratégica y el Golfo Pérsico. Apreciaban que no podían ser neutrales ante los hechos, porque debían demostrar que Occidente tenía la obligación de restablecer el Derecho internacional y desalentar el uso de la fuerza para la solución de las disputas territoriales. Hasta ese momento Estados Unidos no había adoptado ninguna posición con respecto a los reclamos del Reino Unido y de la Argentina sobre las Islas ni sobre los títulos u otros aspectos legales subyacentes y su aplicación en la disputa. Solo se habían expresado a favor de considerar democráticamente los intereses de los isleños y en contra de restaurar un gobierno colonial. La administración Reagan aceptaba el hecho de que la soberanía debía ser negociable y que la Argentina podía obtenerla en un plazo razonable, que permitiese a los isleños decidir sobre su futuro. Estimaron que inclinarse hacia cualquiera de las partes en ese momento dañaría las relaciones de EE. UU. con la otra parte. Sin embargo, intentar prolongar una apariencia de imparcialidad o de pasividad podía poner en riesgo los intereses estratégicos estadounidenses más amplios. Concluyeron que en el caso de llegarse a un conflicto armado era esencial respaldar a Gran Bretaña porque estaban en juego imperativos estratégicos en el contexto Este-Oeste necesarios para afirmar el liderazgo de EE. UU. en Occidente. Debían también sostener la credibilidad del sistema de las Naciones Unidas, y respaldar sus resoluciones (Reagan Library, NSC Political Affairs Directorate Files, Chron, April 1982 ).
Podría decirse que la política como el arte de gobernar un Estado se vale de dos medios principales: la diplomacia y la estrategia, o, dicho de otro modo, de las relaciones exteriores y del factor militar del poder (Cornut, 2018). La diplomacia argentina encabezada por el canciller Costa Méndez, no tenía un plan. Cardozo, Kirschbaum, y Van der Kooy sostienen que del lado argentino existía una marcada incomunicación entre Buenos Aires y el exterior, y un manejo peligroso del secreto. Prueba de ello fue que el embajador argentino en Washington, Esteban Takacs, se enteró de la operación militar el día 1° de abril a través de la embajadora de EE. UU. ante la ONU, Jeanne Kirkpatrick. Además, la conexión entre la embajada en Londres y el Palacio San Martín también era prácticamente nula. Estaba a cargo de la misión diplomática el encargado de negocios Atilio Molteni, por la ausencia del embajador Ortiz de Rozas quien había sido enviado a Roma a la mediación por el conflicto del Beagle. Molteni nunca fue informado por su gobierno de la operación que se iba a llevar a cabo, ni consultado sobre la posible reacción britanica. Pudo deducir que se produciría un evento importante cuando el día 31 de marzo, recibió un llamado del gerente de la sucursal de Aerolíneas Argentinas en Londres informándole que se habían suspendido los vuelos entre la Argentina y Gran Bretaña (Cardozo, Kirschbaum, Van der Kooy, 1983). Otro claro ejemplo de improvisación fue que en la misión diplomática argentina en la ONU se estaba produciendo el cambio de embajadores cuando se produjo la ocupación de las Islas. El embajador argentino entrante, Eduardo Roca, había llegado a Nueva York el 24 de marzo y todavía estaba tomando conocimiento de sus nuevas funciones. Roca se había entrevistado con Galtieri en Buenos Aires el día 20 de marzo y en esa oportunidad tomó conocimiento de las intenciones del gobierno, pero no de la fecha de ejecución (Informe Rattenbach, 1983). Por pedido de Gran Bretaña el presidente de EE. UU., Ronald Reagan, llamó telefónicamente a Galtieri para ofrecerle sus buenos oficios y solicitarle la suspensión de la toma de Malvinas. Galtieri le respondió que no podía suspender el desembarco, pero que aceptaba la mediación de EE. UU. Para esa misión fue designado el secretario de Estado Alexander Haig quien viajó en dos oportunidades a Londres y a Buenos Aires.
A partir del debate acerca de la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU, la Argentina había comprendido que la Organización de Estados Americanos era un foro que apoyaba la posición argentina. Por eso el gobierno, cuando creyó que la mediación de Haig no tendría resultados favorables, decidió invocar el Tratado de Río (TIAR). Este tratado, aprobado en Rio de Janeiro en 1947, era el resultado de las alianzas regionales de seguridad colectiva desarrolladas por EE. UU. al comienzo de la Guerra Fría. En el artículo 4º delimita su área de aplicación incluyendo a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur dentro de la zona de seguridad hemisférica. EE. UU. consideraba que la invocación del Tratado de Río, o al menos la adopción de medidas de seguridad colectiva en virtud del Tratado, era problemática porque la toma armada de las Malvinas por la Argentina, cualquiera fuese su reclamo sobre las Islas, violaba el Derecho internacional, y porque el deber legal vinculante de retirar las fuerzas impuesto por la resolución 502 del Consejo de Seguridad no podía evitarse recurriendo a los mecanismos de la OEA o del Tratado de Río (Department of State, Central Foreign Policy File, P880104–1014).
El 25 de abril Gran Bretaña utilizó la fuerza por primera vez. El gobierno británico sostenía que la Argentina no tenía derechos legítimos sobre las Islas Georgias del Sur y que estas no debían ser parte de las negociaciones. Eran consideradas como un objetivo secundario dentro de la operación para la liberación de las Malvinas, pero apreciaban que su reconquista sería relativamente fácil (con un número aceptable de bajas), y le daría al gobierno británico un éxito frente a su opinión pública. La recuperación de las islas demostraría resolución política y levantaría la moral pública que estaba comenzando a cansarse de la prolongada mediación internacional. También sería un mensaje para los argentinos de que Gran Bretaña estaba decidida a emplear la fuerza para recuperar los territorios. Por otro lado, desde el punto de vista de su proyección antártica las Georgias eran más importantes que las Malvinas. Militarmente la costa oriental (lado de sotavento), ofrecía fondeaderos protegidos y una base adelantada de operaciones segura para tareas de mantenimiento y reabastecimiento de combustible, fuera del alcance de la aviación argentina (Freedman, Gamba,1992). Los británicos tenían que actuar ante un posible revés diplomático en la reunión de la OEA del 26 de abril que los obligase a suspender las operaciones militares. En dicha reunión podía darse el caso de que se votase en el marco del artículo 3°del TIAR que establece que:
Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y, en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones (Organización de Estados Americanos. Tratado de Asistencia Recíproca Artículo 3°).
y/o el 8° que preveía:
Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada (Organización de Estados Americanos. Tratado de Asistencia Recíproca Artículo 8°).
De llegarse a esa situación cualquier acción armada hubiese ampliado el conflicto y hecho inviable el uso de la fuerza por parte de los británicos. Otra complicación era que Haig había finalizado su mediación e iba a presentar su propuesta a las partes. Gran Bretaña corría el riesgo de que Argentina la aceptara y en ese caso hubiesen estado obligados a aceptarla también, lo que hubiese provocado probablemente la caída de su gobierno. Aparte de los objetivos ya nombrados, al recuperar las Georgias el día 25 de abril, los británicos consiguieron que el gobierno argentino rechazase la propuesta de Haig, y así minimizaron los efectos de una votación desfavorable en la OEA. Si bien la resolución de la OEA fue claramente de apoyo para la Argentina, una vez conocida la decisión británica de usar la fuerza y la posición de EE. UU., los países miembros no se animaron a ir más allá y no pasaron de declaraciones políticamente correctas. La decisión de Gran Bretaña de emplear el poder militar determinó que la Argentina se retirara de las negociaciones haciendo fracasar la mediación de EE. UU. A pesar de esta decisión Haig presentó su propuesta la que fue rechazada por el gobierno argentino. Por esta causa el 30 de abril el secretario de Estado explicó públicamente sus esfuerzos para lograr una solución pacífica, culpó a la Argentina del fracaso de la gestión, y declaró abiertamente el apoyo de EE. UU. al Reino Unido.
Después del fracaso de Haig, y ante la visita a Washington del ministro británico de Asuntos Exteriores Francis Pym, el 1°de mayo, el presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry, consideró que se abría otra posibilidad de negociación. El embajador peruano en Washington trasladó la inquietud al Departamento de Estado, y ese mismo día Haig se comunicó telefónicamente con Belaúnde (Universidad San Ignacio de Loyola, 2015). Ambos llegaron a un acuerdo muy conciso y claro de siete puntos, que Haig pidió a Belaúnde que se lo transmitiese a Galtieri. Costa Méndez expresó que desde el primer momento había advertido el extraordinario significado de la gestión del presidente peruano, “así como también las posibilidades que ella abría para lograr una paz justa, una paz que contemplara los objetivos que Argentina se había fijado”(Costa Méndez, 1993,p. 245). El análisis de la propuesta lo llevó a tres conclusiones. La primera era que buena parte del documento había sido inspirado por Haig, por lo tanto, tenía el aval de EE. UU. La segunda era que no ordenaba la restauración del gobierno colonial británico y, en cambio, confiaba la administración de las Islas a un Grupo de Contacto compuesto por cuatro naciones en el que no estaba incluida Gran Bretaña. La tercera conclusión era que la propuesta no incluía la palabra deseos, lo que significaba que la solución final no quedaría subordinada a la decisión de los isleños (Costa Méndez, 1993). El gobierno de EE. UU. consideraba, por un lado, que la participación de Belaúnde representaba un modo de mantener el proceso de negociación debido a que, por los lazos entre Perú y Argentina, existían grandes posibilidades de que la Junta Militar aceptara la propuesta. Por otro lado, buscaba lograr que EE. UU. pudiese recomponer su imagen con los países latinoamericanos, si lograba que el gobierno británico aceptara la propuesta peruana.
El 6 de abril la Oficina de Asuntos Político-Militares del gobierno de EE. UU. presentó, en un orden ascendente de dificultad, sus primeras apreciaciones sobre las opciones que tendrían los británicos desde el punto de vista militar (Department of State, Central Foreign Policy File, P850056–1413). Estas eran:
-Atacar con submarinos nucleares con el propósito de intimidar a los argentinos obteniendo un éxito temprano, hundiendo el objetivo militar más significativo que pudiesen encontrar y que pudiese influir en el esfuerzo de abastecimiento argentino en las Malvinas.
-Recuperar las Islas Georgias. Consideraban que, debido a la distancia, la guarnición argentina no podría ser apoyada y solo podría ofrecer una mínima defensa.
-Involucrar a la Armada Argentina en una batalla naval a gran escala, infligirle muchas bajas y hacerse con el control de las aguas de la zona.
-Recuperar directamente las Malvinas. El problema era que la Task Force[8] tenía poca capacidad anfibia. Además, una vez desembarcada, la fuerza de asalto británica enfrentaría graves problemas logísticos y tendrían que enfrentar a una fuerza numéricamente superior con posiciones defensivas bien preparadas.
Concluían que la operación de recuperar las Malvinas era extremadamente difícil. Consideraban que un enfrentamiento armado limitado podía crear circunstancias más prometedoras para las negociaciones que las existentes hasta ese momento. La creciente conciencia de las vulnerabilidades militares podría generar más preocupaciones sobre las consecuencias debilitantes de un conflicto a gran escala y, por lo tanto, permitir la explotación de opciones diplomáticas más flexibles. En ese caso, estimaban que la apertura para las negociaciones podría ser relativamente breve, porque ambos gobiernos podían verse sometidos a una fuerte presión para volver a comprometerse con el fin de evitar un desgaste de sus capacidades (Special National Intelligence Estimate. SNIE 21/91–82).
El plan argentino para la defensa de las Islas Malvinas no preveía una agresiva campaña terrestre para combatir y rechazar a las fuerzas británicas de invasión, cualquiera fuera el lugar en que desembarcaran. En vez de ello, la defensa de las Malvinas se basaba en una serie de puntos fuertes estáticos alrededor de Puerto Argentino, los que se esperaba debían parecer tan formidables que los británicos no intentarían desembarcar. Pensaban que la acción de los medios aéreos desde las bases en el continente sería lo suficientemente eficaz para alejar a la flota enemiga y minimizar sus acciones y efectos sobre las fuerzas estacionadas en las Islas. Los primeros combates se iniciaron mientras se llevaba a cabo la gestión de paz del presidente de Perú. En tales circunstancias la primer ministro Thatcher autorizó el ataque al crucero argentino ARA General Belgrano. La orden fue impartida directamente desde Londres al comandante del submarino sin intervención del comandante de la flota, lo que deja bien en claro el carácter eminentemente político de la decisión. Desde el punto de vista militar, el hundimiento del Belgrano puso de manifiesto la amenaza que representaban los submarinos nucleares para la flota argentina, provocando la retirada de sus unidades de superficie durante el resto del conflicto. Logró también la suspensión de la decisión del gobierno argentino con respecto a la propuesta del presidente Belaúnde Terry. El éxito táctico obtenido por los británicos se constituyó en un serio problema desde el punto de vista político. El gran número de víctimas y el hecho de que el ataque se produjo fuera de la Zona de Exclusión provocó una gran repercusión en la opinión pública argentina, británica e internacional, siendo acusados por distintos gobiernos aliados de escalar el conflicto empleando la fuerza en forma desproporcionada . Costa Méndez sostuvo que el Reino Unido había violado el artículo 51 de la Carta de la ONU el cual había invocado para justificar el envío de su flota (Costa Méndez, 1993,p. 258). Thatcher no podía desconocer esta situación, porque había sido advertida por el procurador general del Reino Unido, sobre que un ataque a cualquier buque argentino fuera de la Zona de Exclusión traspasaba los límites de la autodefensa y sería considerado un acto ilegal. Sin embargo, Gran Bretaña apostaba a generar en el gobierno argentino decisiones de carácter emotivo para conseguir el rechazo de la propuesta peruana cuyos términos claramente le eran desfavorables. Además, buscaba ser más contundente en el uso de la fuerza, dado que la recuperación de las Georgias no había logrado los efectos deseados. Mientras los británicos buscaban la forma de resolver los efectos adversos del hundimientos del Belgrano, el 04 de mayo, se produjo el ataque al destructor HMS Sheffield con un misil Exocet por parte de la aviación naval argentina. El comandante de la flota, almirante Woodward, fue sorprendido por el ataque porque creía que se encontraba fuera del alcance de los ataques de los Super Etendard,[9] y que los argentinos no podían hacer reabastecimiento en vuelo. La conclusión a la que arribó ese mismo día 4 de mayo fue que el enemigo sabía todo acerca de las capacidades y debilidades de su defensa aérea, y que la flota nada podía hacer para defenderse. Existen indicios de que el segundo misil Exocet que dispararon los argentinos habría impactado en el portaviones HMS Hermes, dañándolo, pero sin dejarlo fuera de combate. Esta versión originada en medios franceses no se ha podido confirmar, lo que si se ha reconocido por parte de los británicos es que el Hermes operaba con limitaciones. Woodward señala en sus memorias que al Hermes “se le había trabado uno de los ejes” (Woodward, 1993,p. 196). El Sheffield fue el primer barco de la Royal Navy perdido por un ataque enemigo desde la Segunda Guerra Mundial. Este hecho conmocionó tanto al gobierno británico como a sus altos mandos, obligándolos a replantear los pasos a seguir en el conflicto. Las numerosas bajas británicas y la de un avión Harrier el mismo día, el cuarto de la guerra, sacudió a la opinión pública, a la prensa y a los políticos opositores británicos. Sumado a los efectos políticos se produjeron otros de carácter táctico: el comandante de la flota británica concluyó ese mismo día que no tenían capacidad para detener al Exocet. La amenaza del misil francés obligó a posicionar los portaviones y el resto de la flota lejos de las Islas, fuera del radio de acción de la aviación argentina, afectando sensiblemente las operaciones aéreas y navales. A partir del Sheffield cualquier intento de desembarco debía contemplar lugares que no fuesen abiertos, que facilitasen el empleo del Exocet. El almirante Woodward, describe los efectos que produjo el misil:
El ataque al Sheffield había sido sin la menor duda un fuerte impacto para todos nosotros incluyéndome a mí. El ataque tuvo efectos psicológicos importantes en las tripulaciones de la flota cuando se tuvo conciencia de que no era posible detener al Exocet. Al conocerse la velocidad con que se propagó el fuego en el Sheffield, dejó de ser una molestia el correcto uso de la ropa antiflama, máscaras y guantes. ¡Los hombres comenzaron a dormir en los pasillos de los buques que estuviesen por encima de la línea de flotación […] la gente del salón de operaciones reaccionaba desmedidamente ante una simple bandada de gaviotas! (Woodward, 1993, p.197).
La repercusión negativa del hundimiento del Belgrano y el éxito del Exocet contuvieron el impulso inicial de la Task Force, creando incertidumbre sobre el éxito de la campaña.
La escalada del conflicto estaba afectando directamente los intereses de EE. UU., tanto en su relación con América Latina como con sus aliados de la OTAN. Por esta razón, el gobierno estadounidense presionó al gobierno británico para que aceptara la propuesta peruana. EE. UU. reconocía que los argentinos habían cometido una agresión y que habían sido inflexibles en las negociaciones. Sin embargo, estaba claro que debían hacer todo lo posible para detener la escalada del conflicto y lograr un acuerdo pacífico. EE. UU. no podía permitir que:
-Otro misil argentino impactara en un portaviones y provocara una retirada humillante de la Royal Navy, poniendo en duda las capacidades de la Alianza Atlántica.
-La derrota provocase la caída del gobierno conservador.
-Ante las dificultades en las relaciones con América Latina los soviéticos avanzaran en Centroamérica o incluso ayudaran militarmente a los argentinos.
-La Argentina consiguiera sus reclamos territoriales mediante la fuerza, dejando la imagen de que las grandes potencias eran vulnerables al armamento de alta tecnología.
-Se aceptase una propuesta que pareciese recompensar la agresión, que alentase la acción militar en otros casos pendientes de disputa territorial, o que vulnerase el Estado de Derecho (Central Intelligence Agency, National Intelligence Council, Job 85T00757R).
El Consejo de Seguridad Nacional (NSC), en distintos documentos, le expuso al presidente Reagan la necesidad de obligar a Gran Bretaña a un alto el fuego y a aceptar la propuesta peruana. Fueron redactados en forma contundente expresando que“los británicos debían entender que los deseos de 1800 pastores de ovejas no podían dictar eternamente los intereses estratégicos del Reino Unido, y mucho menos los de Estados Unidos” (Reagan Library, Executive Secretariat, NSC Country File, Latin America/Central, Argentina - 04/28/1982–05/04/1982).
Teniendo en cuenta el inmenso daño que ya hemos sufrido por la crisis de las Malvinas y la probabilidad de que en el futuro continúe el daño a nuestras relaciones no solo con Argentina sino con América Latina en general, creemos que ha llegado el momento, en que habiendo establecido nuestra posición y Gran Bretaña demostrado su capacidad militar, para instar a los británicos a declarar un alto el fuego, a declarar que la cuestión de la eventual soberanía sobre las Islas es una cuestión que debe negociarse y que, aunque se tendrán en cuenta los deseos de los isleños, estos no podrán controlar el resultado final.(Reagan Library, Executive Secretariat, NSC Country File, Latin America/Central, Argentina.05/05/1982–05/20/1982).
El día 3 de mayo Haig le informó a Pym que el presidente Reagan le había comunicado a la primer ministro Thatcher que, pasase lo que pasase militarmente, debía haber una solución negociada a la crisis de las Malvinas. Le sugería al gobierno británico que analizara la nueva propuesta de paz que iban a presentar a las partes Estados Unidos y Perú, que tal vez fuese la última oportunidad clara para lograr un acuerdo pacífico (Department of State, Memos 1979–1983, Lot 96D262, May 1982). En la mañana del miércoles 5 de mayo (al día siguiente del ataque al Sheffield), Margaret Thatcher convocó a una reunión del Gabinete de Guerra y después al Consejo de Ministros para considerar las propuestas estadounidenses/peruanas. El mismo día la embajada de EE. UU. en Londres envió al Departamento de Estado un informe en el que describía la situación en el gobierno británico. El documento señalaba que, con el hundimiento del Sheffield, Thatcher estaba acercándose al límite de las pérdidas humanas que podía soportar sin perder el apoyo doméstico y, después del hundimiento del Belgrano, estaba al límite de las bajas que podía infligir y esperar mantener el respaldo internacional. Agrega el informe que existía una gran inquietud y angustia por el Belgrano, pero que serían las pérdidas británicas las que cambiarían el rumbo en las decisiones y que existían sectores del gobierno que estaban cambiando su posición. Tenían información que había una petición que tenía más de 70 firmas, incluidas algunas que no eran palomas,[10] que pedía una tregua inmediata y una negociación en la ONU. A su vez Haig le envió a Pym una versión revisada de los siete puntos de la propuesta peruana (Department of State, Central Foreign Policy File, D820234–0977). El mismo 5 de mayo, Pym le responde a Haig informándole que el Gabinete había considerado sus propuestas en el contexto de todas las cuestiones involucradas y, debido a que compartían el fuerte deseo de llegar a un acuerdo negociado y para evitar un mayor derramamiento de sangre, estaba dispuesto a aceptar las propuestas, sujeto a algunas modificaciones menores. La primera era que el documento debía llevar el título Proyecto de Acuerdo Interino sobre las Islas Malvinas / Falkland Islands, para dejar claro el alcance del acuerdo. El segundo cambio consistía en insertar la palabra todas antes de fuerzas, para dejar en claro que la Argentina no podía dejar ninguna fuerza en las Islas Malvinas. El tercer cambio sugiere que la administración de las Islas Malvinas en el período interino debía consultar a los representantes electos de la población y asegurar que no se tomasen medidas que contraviniesen el acuerdo interino. Pym le pide también a Haig que, en el caso de acordar, le enviase una carta complementaria en la que quedara bien clara la garantía por parte de Estados Unidos de la no reintroducción de las fuerzas argentinas en las Islas Malvinas en espera de una solución definitiva al conflicto (Department of State, Files of Alexander M. Haig, Jr. Lot 82D370).
Ese mismo día el presidente Reagan le envió un mensaje a Thatcher que decía:
[...] las decisiones que había tomado el viernes anterior (se refiere a la declaración de apoyo por parte de EEUU) tenían como objetivo poner a Gran Bretaña en la posición más fuerte posible para lograr un arreglo pacífico de acuerdo con los principios y valores básicos con los que ambos países estaban comprometidos [...] creía que era el momento de alcanzar ese objetivo y que debían aprovecharlo antes de que se perdiesen más vidas […] que Haig le había enviado a Pym nuevas propuestas que podían proporcionar una base para un arreglo pacífico […] que esas sugerencias eran fieles a los principios básicos que debían proteger. Los insta a aceptar esas propuestas, que habían sido elaboradas por Estados Unidos y Perú, lo antes posible. (Message From President Reagan to British Prime Minister Thatcher. May 5, 1982, 0204Z ).
La respuesta a Reagan fue casi inmediata ese mismo día. Thatcher le informó que se había reunido durante 4 horas estudiando las propuestas presentadas por Haig. Expresó:
[...] su lealtad a Estados Unidos como el gran aliado de Gran Bretaña y a los principios de democracia, libertad y justicia […] que las propuestas no preveían inequívocamente el derecho a la autodeterminación, porque según Haig los argentinos no lo aceptarían y, por lo tanto, no habría esperanzas de llegar a un acuerdo […] que al menos la administración interina debiera consultar con los representantes elegidos localmente […] que quiere un arreglo pacífico y el fin de la creciente pérdida de vidas en el Atlántico Sur […] que la amistad entre Estados Unidos y Gran Bretaña era muy importante para el futuro del mundo libre y por eso, con algunos cambios que Pym le había sugerido a Haig, estaban dispuestos a seguir sus últimas propuestas” (Message From British Prime Minister Thatcher to President Reagan, May 5, 1982, 2030Z).
El principal asesor en asuntos de seguridad nacional William Clark le envió al presidente Reagan la respuesta de Thatcher con una nota que decía: “Se adjunta la respuesta de la primer ministro Thatcher a su propuesta de compromiso para lograr un alto el fuego y negociaciones para la resolución de la disputa de las Malvinas. En una palabra, Maggie acepta la propuesta” (Note From the President’s Assistant for National Security Affairs -Clark- to President Reagan. Washington, May 5, 1982).
Era un hecho que el gobierno de Reagan había logrado que los británicos respondieran que estaban dispuestos a ordenar el alto al fuego y a aceptar la propuesta peruana (National Archives, RG 59, Central Foreign Policy File, D850030–0740). Ahora bien, Galtieri no consideró los alcances de esta situación rechazando la propuesta de Belaúnde y llevando nuevamente las negociaciones a las Naciones Unidas. De esta forma EE. UU. quedó afuera de las conversaciones pasando la iniciativa diplomática a manos británicas. El gobierno argentino creyó que una derrota o una victoria táctica, como el hundimiento del Belgrano o del Sheffield, no producirían resultados concluyentes. Evaluaron que los imperativos estratégicos operaban en un vector diferente al de las batallas y que, independientemente del curso que tomara la acción militar, apostaban a que la cuestión de la soberanía sería decidida por la geografía y reforzada por la notoriedad mundial que había alcanzado el conflicto. También calcularon que la flota británica no podía mantenerse indefinidamente en el mar y con la llegada del invierno debía retirarse. La Junta Militar se convenció que la Argentina podía sobrevivir a una guerra de desgaste costosa e inconclusa que obligaría a los británicos a abandonar las operaciones militares. Para ello creyeron que debían ganar tiempo en el plano político y resistir lo más posible en el campo de batalla.
Existió un último intento de EE. UU. para convencer al gobierno argentino de las ventajas de aceptar la propuesta peruana. El gobierno de Reagan envió al embajador Vernon Walters quien se reunió con el presidente Galtieri el día 11 de mayo. Walters le señaló que el hundimiento del Sheffield había sido un éxito considerable, que era una oportunidad única para abandonar la lucha, obtener una salida con el honor intacto y superar los principales obstáculos para un acuerdo. Manifestó también que el Grupo de Contacto aseguraría que las negociaciones concluyeran con éxito en un período de tiempo predeterminado y le pidió que aprovechara esa oportunidad antes de que el conflicto se intensificara aún más (Department of State, Miscellaneous Files, Lot 83D210).
Aunque en términos generales hubiésemos de pasar a la defensiva, teníamos que tratar de asestar al enemigo duros golpes locales, […] que en suma lo predispusiesen a un acuerdo. [...] No quedaba otra posibilidad de llegar a hacer las paces con los occidentales que la de una invasión rechazada o la de derrotar en tierra firme a los invasores que hubiesen conseguido poner pie en ella. […] ¿no se podría llegar a una situación de compromiso, a un acuerdo sin vencedores ni vencidos? Porque una solución así siempre le hubiera permitido a Alemania seguir sosteniéndose. (Von Manstein, 1955, p. 566)
El párrafo que pertenece al mariscal Erich Von Manstein (1955) hace referencia a las oportunidades perdidas de salir de una situación desventajosa por la obstinación de Hitler. ¿Algo similar sucedió en Malvinas? La ventaja relativa obtenida por los argentinos con la ocupación de los archipiélagos el 2 y 3 de abril fue disminuyendo a medida que la flota británica se acercaba a la zona de conflicto. En ese lapso al gobierno argentino se le fueron presentando distintas oportunidades para cerrar las negociaciones y alcanzar el objetivo político, evitando una guerra no prevista ni planeada. Al no preverse una confrontación armada con Gran Bretaña, y, al hacerse efectivo el envío de la flota, quedó de manifiesto que no había planes contingentes que hubiesen contemplado esa posibilidad. Tampoco existió una preparación para enfrentar la acción diplomática desplegada por el Reino Unido. El júbilo popular en la Argentina, al conocerse la noticia de la ocupación, fue interpretado como un vuelco masivo de la población en apoyo del gobierno. Esto afectó el discernimiento objetivo de los responsables de la Junta Militar, que, a través de discursos con tono patriótico, produjeron en la opinión pública la convicción de que se trataba de una ocupación irreversible y sin condicionamientos.
Iniciados los combates, el gobierno argentino buscó ganar tiempo apostando a la capacidad de defensa de la Islas, con el propósito de desgastar a las fuerzas británicas y obligar al Reino Unido a negociar. Resultó evidente lo erróneo de los dos supuestos en los que se basaba la concepción política y estratégica del gobierno argentino, que era que Gran Bretaña no reaccionaría militarmente y que EE. UU. no permitiría una escalada militar. Sin embargo, la Junta Militar dispuso de un margen de negociación aceptable condicionado por:
- El cumplimiento de la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía la retirada de las fuerzas argentinas.
- La presión que ejercía el avance de la flota británica.
- La advertencia de EE. UU. de que, de no llegarse a un acuerdo, apoyaría al Reino Unido.
- El clima triunfalista provocado por el propio gobierno en la sociedad argentina, que hacía difícil aceptar el retiro de las fuerzas para negociar.
El gobierno británico también estaba condicionado por:
- Su supervivencia que dependía de poder cumplir la promesa efectuada al Parlamento y a la opinión pública de restaurar la administración británica y de cumplir con los deseos de los isleños.
- El riesgo que significaba el empleo del poder militar que no podía efectuarse sin el visto bueno y el apoyo material de EE. UU.
El gobierno argentino no pudo ver que:
- Como potencia hegemónica EE. UU. no podía permitir que se resolviese una disputa territorial mediante el uso de la fuerza por el peligro potencial que representaba el conflicto a nivel global en el contexto de la Guerra Fría, y por tratarse de dos países aliados.
- No podía mostrar pasividad o neutralidad ante los hechos, porque debía demostrar que Occidente estaba dispuesto a restablecer el Derecho internacional y desalentar el uso de la fuerza para solucionar los reclamos territoriales, respaldando las resoluciones del Consejo de Seguridad.
- Solamente EE. UU. podía obligar al Reino Unido a cumplir un acuerdo.
Los primeros combates y el hundimiento del Belgrano exacerbaron el sentimiento patriótico en la Argentina y el aspecto emocional pasó a dominar el proceso de toma de decisiones del gobierno. El ataque exitoso al destructor británico HMS Sheffield por parte de la aviación naval argentina, fue visto con la esperanza de que pudiera obtenerse un acuerdo para evitar mayor derramamiento de sangre. Sin embargo, esta victoria militar alentó al gobierno argentino a perseverar en su posición intransigente, creando falsas expectativas populares que contribuyeron a dificultar la búsqueda negociada del conflicto. La propuesta de paz del presidente Belaúnde, que había sido elaborada junto con Haig de acuerdo a las experiencias obtenidas en la mediación, le permitía al gobierno argentino, por un lado, evitar el enfrentamiento armado en el que tenía una clara desventaja, y por otro, le brindaba la oportunidad de volver a negociar seriamente la soberanía de las Islas Malvinas en un marco adecuado y con el Reino Unido obligado a participar activamente. El acuerdo permitía al gobierno argentino alcanzar el objetivo político que se había impuesto con la toma de Malvinas. Además, posicionaba a la Argentina de la mejor manera para negociar la soberanía como objetivo final. Si bien la reconquista de las islas Georgias por parte de los británicos las dejaban afuera del acuerdo, en la historia del mundo nunca se alcanzó un acuerdo de paz que no implicara concesiones o que impartiera justicia absoluta.
Aceptar la propuesta peruana después de una victoria militar hubiese demostrado a la sociedad argentina y al mundo que la Argentina estaba dispuesta a defender los territorios que reclamaba, que tenía los recursos para hacerlo; pero, también, que deseaba recuperarlos mediante un acuerdo pacífico.
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1 Misil antibuque de origen francés del tipo dispara y olvida que vuela al ras del mar. Tiene capacidad de detectar y seleccionar blancos alternativos en forma autónoma en la fase final del vuelo en caso de no poder llegar al blanco principal.
2 Oficialmente denominada Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur, se creó por decreto secreto el 2 de diciembre de 1982 (resolución nro. 15/82) con el objeto de evaluar las responsabilidades militares, políticas y estratégicas en la guerra del Atlántico Sur.
3 Fue el primer sindicato independiente en un país del bloque soviético y dio lugar a un movimiento social anticomunista que contribuyó a la caída del comunismo en Europa del Este. Fue apoyado por el Vaticano y por los gobiernos de EE. UU. y Gran Bretaña.
4 Nombre dado a los grupos de insurgentes financiados por EEUU que buscaban deponer al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que gobernó Nicaragua tras el derrocamiento de Anastasio Somoza en julio de 1979.
5 El gobierno argentino a través del decreto 757/82 del 16 de abril de 1982 renombró la ciudad como Puerto Argentino.
6 James Bruce se desempeñó como embajador de EEUU en la Argentina entre 1947 y 1949.
7La traducción me pertenece.
8 Es un agrupamiento de fuerzas de distinto tipo (La Task Force organizada para Malvinas tenía fuerzas navales, aéreas y terrestres) organizado bajo un comando único con el propósito de cumplir una misión. Tiene carácter temporal y se disuelve una vez finalizada la misión.
9 Cazabombardero naval de tercera generación de origen francés de dotación de la Armada Argentina armado con el misil antibuque Exocet AM 39.
10 Hace referencia a los políticos de línea dura partidarios del empleo de la fuerza.